La defensa del ex gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi, informó que Perú dio asilo territorial al dirigente político. La noticia fue comunicada ayer a los abogados. 
Su abogado, Alejandro Arzola, comentó que el país receptor lo admitió como un “perseguido político”. Las razones que favorecieron esta decisión fueron las dificultades del acusado para tener un debido proceso, el derecho a la defensa y ser juzgado en libertad.
Lapi fue acusado por malversación de al menos 13 millardos de bolívares en la ejecución de una obra vial. Tras la imputación, se escapó del Internado Judicial de San Felipe el pasado 1 de abril de 2007, que generó la detención de 58 personas, entre civiles y guardias nacionales, acusados de cómplices. La controversia sobrevino rápidamente, no sólo por la huída del político, sino por el juicio que se le iniciaba a los supuestos coautores.
A los 29 detenidos por la evasión de Eduardo Lapi del Internado Judicial de San Felipe, les fue otorgada libertad condicional con beneficio de presentación de cinco días a los implicados.
Además de esta “gracia” otorgada a Lapi, también el gobierno peruano de Alan García concedió asilo a otro prófugo de la justicia venezolana en la persona de Carlos Ortega.
Reacciones en Venezuela:
Por su parte, el gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, consultado por VTV, expresó que no le extraña la decisión de Perú, pues el gobierno de Alan García ha demostrado una conducta subordinada al imperialismo norteamericano.
Consideró que el presidente peruano está en contra de los gobiernos progresistas de América Latina, y la protección que otorga a estos prófugos venezolanos confirma la tesis.
Dijo que Lapi es un delincuente que fue procesado por corrupción y se evadió de una cárcel, por lo cual es un prófugo que no puede pretender que se le considere “preso político”. Le recomendó por el contrario que de la cara y se entregue a la justicia, para que sea la ley la que decida.
Prensa Venezolana Ora/VTV/Agencias/Aporrea.org
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