Perú podría decidir esta semana vender lotes de tierra en esta zona a empresas privadas a pesar de que aún no existe un estudio que indique qué áreas son vitales para mantener la biodiversidad.
El Ejecutivo peruano encargó al Congreso discutir sobre la autorización de vender tierras sin labrar en la Amazonia a empresas privadas que inviertan en reforestación.
Esta decisión implicaría modificar la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, que estaba programada para tratarse la semana pasada, pero se postergó por la ausencia del presidente de la Comisión Agraria, el legislador oficialista Franklin Sánchez.
Además, hay quienes sostienen que los parlamentarios afines al presidente Alan García muestran están dudando sobre la aprobación de esta norma dados los fuertes cuestionamientos de expertos, de sectores de la oposición y de organizaciones sociales, como los campesinos movilizados en la nororiental región Loreto.
¿Por qué vender los terrenos?
Si bien en la legislación peruana vigente las áreas para reforestación son otorgadas mediante concesión, García asegura que, si estos terrenos son vendidos, se conseguirá otorgarle mayor seguridad a los empresarios y promover empleo.
"Aprovechar la madera y renovarla es una posibilidad de generar trabajo haciendo inversión. Estamos en un mundo ideológico que dice que no se puede tocar la Amazonia porque es parte del idilio del comunismo primitivo", sostuvo el presidente de Perú en una entrevista publicada el 21 de enero en el diario español ABC.
Según ciertos especialistas, García prioriza el factor económico de la inversión sin tomar en cuenta la situación real de esos terrenos, que conforman un área de gran riqueza natural, y tampoco a los habitantes de la zona, muchos de ellos indígenas.
Cuestionamientos ecológicos
"El problema es que en el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo no está definido de qué clases de tierras hablamos realmente porque tampoco existe un catastro", señaló a IPS el coordinador del Programa Forestal de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Luis Capella.
"Entonces, un terreno sin cubierta boscosa puede tratarse en realidad de un bosque primario que terminará destruido al momento de ponerlo en venta", explicó.
En efecto, en el proyecto a estudio del Congreso legislativo se señala de manera general que se podrá adjudicar en venta "tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas".
En la Amazonía peruana existen 1.450 comunidades indígenas pertenecientes a 65 grupos étnicos, según el censo de 1993, y, pese a la intención del gobierno de dar en propiedad terrenos eriazos, el Ministerio de Agricultura reconoció que el catastro para identificar la situación real de la zona sólo estará listo a fines de este año.
Pese a ello, el portavoz de esa cartera aseguró que se calcula que existen 9,5 millones de hectáreas deforestadas.
Según Capella, es indispensable que se elabore un diagnóstico, porque, debido a la geografía boscosa de la Amazonía, resulta difícil que exista gran cantidad de tierras eriazas para inversión como se quiere hacer creer.
"Con decir que en lugar de dar en concesión se va a vender, el presidente no soluciona las cosas, porque tampoco existe un marco reglamentario e institucional que soporte y supervise la inversión en estas zonas", agregó Capella.
El proyecto del presidente
En la actualidad, la supervisión de la reforestación está a cargo del estatal organismo Proinversión como si se tratara de cualquier otra actividad económica.
La iniciativa de García cuenta con un dictamen a favor en la Comisión Agraria del Congreso, encabezada por el legislador oficialista Sánchez.
Tal proyecto amplía de 10.000 a 40.000 hectáreas el límite de extensión de las tierras adjudicadas pero no desarrolla un marco reglamentario que garantice la supervisión para la reforestación y tampoco involucra a los gobiernos regionales.
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