Chile tiene la obligación de juzgar al ex presidente peruano Alberto Fujimori en caso que la justicia local rechace su extradición a Perú por violaciones a los derechos humanos, advirtió hoy la sección chilena de Amnistía Internacional (AI)
El director de AI Chile, Sergio Laurenti, dijo que los crímenes por los cuales el Estado peruano lo acusa, como matanzas y desaparición forzada de personas, son ‘imprescriptibles’ y sin posibilidad de amnistía, por lo cual puede ser procesado en este país
Consideró, sin embargo, que ‘lo preferible es la extradición’ de Fujimori para que el ex gobernante peruano (1990-2000) sea juzgado en su propio país, ‘donde existen todas las garantías para un juicio justo, que él no le dio a sus víctimas’
‘De todas formas, si se diera una nueva respuesta negativa, el Estado chileno estaría en la obligación de juzgar al ex mandatario, bajo el principio de jurisdicción universal’, declaró a Notimex
En caso contrario, alertó el dirigente humanitario, el Estado chileno podría ser acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por ‘incumplimiento de la legislación internacional’ en relación con los derechos humanos
Laurenti insistió, por ello, que si la Corte Suprema de Chile confirma el fallo del juez Orlando Álvarez, que se negó a extraditar a Fujimori por ‘falta de pruebas’, ‘la justicia chilena debe cumplir con sus responsabilidades’ y procesar al ex mandatario peruano
La extradición de Fujimori depende de una resolución de la Corte Suprema, cuya Segunda Sala Penal debe pronunciarse en el curso de los próximos días, tras haber escuchado a los representantes legales del Estado peruano y de la defensa del acusado
El ex gobernante peruano llegó a Chile a fines de 2005 procedente de Japón, donde se había refugiado en 2000 tras renunciar a su cargo de presidente por fax, luego que un escándalo de corrupción provocara la caída de su régimen en Perú
La extradición fue pedida por Perú, que responsabiliza a Fujimori por 21 homicidios calificados y siete desapariciones forzadas, en los casos conocidos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas durante su gobierno
Fujimori también enfrenta cargos de peculado, desviación de fondos, falsedad ideológica, colusión desleal, corrupción, asociación ilícita para delinquir, usurpación de funciones, secuestro, intercepción telefónica, entre otros.
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